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NI PRIVATIZAR, NI ESTATIZAR

Una plaza o un parque son lugares públicos y gratuitos, y cualquier otro lugar al que se entre en busca de algo por lo que otros deban trabajar para producirlo, excepto que trabajen gratis, ya no puede ser público y por lo tanto será privado o cooperativo, y usted tendrá la obligación de pagarles y al mismo tiempo tendrá el derecho de no comprar, o de elegir libremente a quién comprarle [lo "libremente" le da origen al liberalismo].
En economía lamentablemente no hay héroes, así una conquista social, una toma de empresa, o una nacionalización, le permiten a su promotor o "dirigente" llenar ese vacío dramático debido a que en economía sí sobreabundan los villanos, entre ellos los que privatizan lo que no es suyo, porque es tan impropio nacionalizar empresas edificadas por otros como privatizar empresas que se hicieron con dineros públicos. No existe pero debería existir un derecho de autor o de fundador y aunque el fundador se muera, si éste edificó con nuestro dinero a una empresa para ser pública, ésta vivirá, se alquilará, morirá, o quebrará siendo pública.
La empresa no es del Estado sino de los ciudadanos, si el Estado quiere privatizar, primero que devuelva el dinero que pagaron sus ciudadanos y si no lo hace la ciudadanía debería demandar al Estado que privatiza lo que no es suyo.
La discusión "Estado chico vs. grande" debería apartarse de si el Estado debe o no tener una multitud de empresas propias, pues desde siempre el problema no fueron las empresas sino los monopolios [de hecho Argentina tomó vida como nación por culpa de uno de ellos].
Tomenos el ejemplo a la empresa de agua corriente que de deficitaria, tal como lo prometió pasó a tener superavit [nunca prometió que se comportarían como santos]. Aquí resulta evidente que el Estado que antes la tuvo con déficit si tardó trece años en darse cuenta de que esa empresa nos estafaba, antes fracasó al gestionarla y una vez vendida-privatizada pasó a fracasar en controlarla [por torpezas, sobornos, o lo que sea].
Si vamos a encender el péndulo maléfico para renacionalizar todo, sólo por revanchismo ideológico y cero capacidad de analizar lo que sucedió, nos condenamos al atraso aunque circunstancialmente alguna vez lleguen a los directorios de esas empresas personas eficientes y al mismo tiempo decentes.
La solución es que las personas eficientes compitan entre si, y que las personas decentes las controlen, involucrando a empresarios, fiscales y jueces, sin la nececidad de convocar a ningún político simultáneamente eficiente y decente, pues hallarlo sería negativo para la sociedad ya que tarde o temprano se deberá retirar, dejándole vaya uno a saber a quién un monopolio incuestionable para manejar a su antojo, una vez que haya sido barrida de las mentes de los usuarios la idea correcta, y se haya creado una dependencia psicológica de alta inercia al cambio.
El Estado empresario nunca se da cuenta a tiempo de lo incompetentes, honerosos, clientelistas, nepotistas, etc., que son sus funcionarios que cobran retornos por comprar sobrefacturado y otra docena más de ilícitos. Mientras que quien dirige su propia empresa y ya acumuló sin robar una fortuna personal de 500 millones de dólares, ya superó el fin de lucro pues tiene más de lo que podrán gastar en vida él, sus hijos y nietos, y a ese empresario lo motoriza un lazo afectivo tan poderoso que de hecho lo transforma en la empresa, para la que vive las veinticuatro horas del día [lo que nunca pasa con ningún funcionario bien o mal intencionado].
El fundador de una empresa exitosa es un luchador, un héroe que se hizo a si mismo, claro que para la competencia no será sino un villano y para el Estado es un acertijo: es un héroe cuando abre fuentes de trabajo y es un villano cuando por su poder económico se convierte en un monarca absoluto dentro de su feudo amurallado y, si es un problema cuando crece demasiado, es un problema mil veces peor cuando quiebra y deja 5.000 desocupados, obligando al Estado a socorrerlos.
El liberalismo que alienta a los empresarios cuando crecen, cuando quiebran les dice algo así como "a llorar a la iglesia", pero el Estado no puede hacer eso aunque tenga una dirigencia instintivamente antiestatizante, porque se encuentra con los desocupados, las familias de los desocupados, con una economía regional al borde de la desaparición, etc., y no puede menos que salir a rescatar a la empresa con reducciones de impuestos, préstamos muchas veces incobrables, o sea tirar plata y "patear" el problema para adelante sin solucionar nada sino a lo sumo redistribuir las pérdidas entre millones.
La solución: descartemos para siempre el concepto de "estatizar" y si queremos que una empresa nacional no desaparezca, los únicos con sentimientos pro-empresa son sus empleados, y así el Estado no debería financiar a la empresa sino a sus empleados para comprarla, cooperativizándola.
Si una municipalidad quiere conservar determinada empresa local con empleados que son sus pobladores, que les preste el dinero para que la compren, obligándolos a recibir veedores "antivaciamiento". Estas empresas preventiva y funcionalmente deberán adoptar la política de tercerizar todo lo posible [y que no sea monopólico] de modo que si se trata de una empresa con un monopolio inevitable, a ésta se le recorte su influencia y poder, en especial el poder que implica el tener miles de empleados pues eso [lo quiera o no] como ya se explicó obliga a un Estado que sin participar de sus ganancias, debe socorrerlas si fracasan.
Ningún derecho es absoluto por lo tanto el derecho a endeudarse de las empresas debe y puede ser reglamentado por el Estado, sin violar ningún dogma liberal en resguardo del patrimonio y la estabilidad laboral de todos, y tampoco habrá derecho total para "pseudo-tercerizar", una maniobra por la que muchas empresas evitan contratar a empleados según los convenios con los sindicatos más poderosos.
Los préstamos hechos por la banca pública hay que devolverlos pues el que ayuda a salir de un problema no debe ser el que termine pagando los platos rotos bajo ningún pretexto o excusa progresista-desarrollista.
La causa de la quiebra no desaparece por la intervención del Estado ni como comprador, ni como financista de la cooperativización de la empresa: una fábrica de televisores hoy está condenada aunque sus empleados no lo vean, por culpa de los plasmas, LCD, LED, OLED, QLED, etc. [y hay cientos de ejemplos más] y se deberá reconvertir, fraccionar, tercerizar, diversificar, y hacer cualquier cosa menos atarse al pasado que los llevó al fracaso, incluso, sabiendo de entrada que le están dando un "buen morir" a la empresa de forma de permitirles a sus empeados subirse a los botes salvavidas y alejarse de la "succión" del monstruo hundido.
Con o sin crisis económica, en U.S.A. hay un promedio de un millón de quiebras por año, y esto es posible por lo que Joseph Schumpeter denominó "destrucción creativa" que es inevitable si lo que se busca el la movilidad social ascendente y el progreso, pero, ¿ qué pasa cuando una empresa exitosa va subiendo escalones hasta convertirse en un coloso que cuando se cae produce una catástrofe, una destrucción masiva que arrastra a decenas de empresas proveedoras ?
No es lo mismo un pequeño taller ineficiente que una industria que ocupa a un pueblo entero aunque su destrucción sea necesaria para que surjan otros empleos [imaginen lo que va a pasar cuando se impongan los autos a hidrógeno, pues "a la larga" resulta que éste es más abundante y barato que el litio] con toda la industria automotriz instalada, más las estaciones de servicio preparadas para vender combustibles derivados del petróleo, más la crisis entre los fabricantes de baterías de litio.
La posición a favor del proteccionismo de la vieja industria cuando comiencen a llegar los primeros autos a hidrógeno será un proteccionismo "apalancado" no por una ideología sino con el dinero de cuantiosos sobornos pues, entre el progreso y lo antiguo, el político no se mete para facilitar el tránsito de una tecnología obsoleta a otra superior, sino para lucrar [todo argumento existente o por existir sólo será excusa o propaganda], y si los proteccionistas creen en las bondades de su sistema económico, lo menos que pueden hacer es reglamentarlo, para evitar que algunos políticos lucren con él y lo desprestigien, por ejemplo establecer un "escalafón" empresarial, por el que las empresas deberán ir cumpliendo ciertas metas de facturación e incremento de mano de obra contratada obteniendo una calificación que les permita desde la libre competencia hasta la protección o, incluso, la sociedad con el Estado para disponer de monopolios, y en una última etapa la democratización de la misma convirtiéndose en Estado [por ejemplo, una universidad pública bien podría nacer como un "jardín de infantes" privado].
La quiebra del jardín solo le producirá una merma en las ganancias a sus proveedores, una baja al Estado en concepto de impuestos, y nada más, pero, con 500 empleados la cosa cambia y si se creció hasta ser un pulpo con varias sucursales con 3.000 empleados que les dan servicio a 60.000 estudiantes en varios lugares del país, ese volumen de desocupados y clientes desesperados atraerá a los políticos a "solucionarles" su problema para obtener algún rédito político [amén de algún "retorno" si el Estado pasa a subsidiar a la empresa caída].
A diferencia de la empresa de 10 empleados, la quiebra de una empresa con 1.000 empleados arrastra a sus proveedores y emprendimientos satélites [como escuelas de artes y oficios] provocando una reacción en cadena, y la forma de solucionarlo es la pérdida parcial de la propiedad de los medios de producción de acuerdo a una escala preestablecida, por ejemplo:

[A] Supongamos que una empresa que convierte autos nafteros en híbridos se instala en un municipio que tiene una ley de "Protección anticíclica para empresas locales", por la que con hasta 500 empleados a ella se le garantiza su propiedad privada, libertad total, e impuestos estándard.

[B] De 501 a 1.000 empleados se tendrá un régimen impositivo más ventajoso, pero, el Estado [el municipio o alguno de sus ministerios] más los empleados de la empresa entran al directorio como accionistas, aumentando la obligación de la empresa de venderles acciones a ambos a medida que ésta crece.

[C] De 1.001 a 2.000 entre el Estado y los empleados tendrán el 50% de las acciones y utilidades de la empresa y se obtiene el grado de "monopolio", no permitiéndose instalar más empresas de su rubro a las ya existentes.
Esto no hará que la empresa no quiebre nunca pero el empresario ya no tendrá el 100% de su capital en un solo lugar con lo cual el propietario del 50% de una gran empresa simultáneamente tenga un pequeño taller de reconversión de autos híbridos a hidrógeno en condiciones de comenzar a crecer en un municipo vecino [incluso sin ley de protección], y expandirse absorbiendo personal si la gran empresa quiebra.
Los competidores de otros municipios y hasta de otros países harán que este sistema rinda más en el rubro alimentos con la producción agropecuaria local procesada para el consumo local y zonal.
Al obtener el grado de monopolio para el empresario desaparece gran parte de la competencia local pero no desaparece el resto ni el riesgo que plantea la obsolescencia, por eso el sistema apunta a que él mismo incursione en nuevos rumbos antes de dedicarse conservadoramente a "conquistar" subsidios, aranceles a la importación, medidas para-arancelarias, etc., para proteger lo indefendible sobornando políticos o haciéndolo indirectamente al colaborar con sus campañas políticas.
La empresa nace, se expande, decae, y muere, en un ciclo inevitable, y los malos sistemas económicos hacen que se mal invierta dinero en empresas que se mantienen o expanden artificialmente con crédito barato cuando entran en su curva final.
El Estado accionista deberá comenzar a planificar el "control de daños" para que el ocaso de la empresa no sea traumático. Lo opuesto es común entre empresarios irresponsables conocedores de los vericuetos del poder político donde consiguen "inyecciones" de dinero y proteccionismo para que la empresa rinda más "sobrealimentada" como un auto al que se le pone un combustible ilegal y gana la carrera, pero, se funde.
Esto es comprensible pero indeseable, y se tratará de evitar que suceda con la participación de los empleados que son los que mejor entienden a la empresa desde adentro.
La presencia del Estado asegura que ellos no se dejen llevar por el "microclima" pues si no jamás tomarán una política comercial anticíclica y, por la otra punta, se trata de evitar que la patronal al primer contratiempo vacie la empresa, optándose por una paulatina reconversión, fraccionamiento, o diversificación.
El Estado tiene el "as en la manga" del monopolio para salvar su inversión y evitarle a la empresa un final violento [lo que es la razón de existir de este sistema tripartito] para que no arrastre a otras empresas, pero, el sistema no se ha creado para transferirle la ineficiencia de esa empresa al resto de la sociedad, por eso la apuesta proteccionista no debería salir de la órbita un municipio jamás.
Del ciclo de destrucción creativa, el neo-proteccionismo debe proteger a los empleados para que no se vean sorprendidos con las manos vacías y con el único capital de un conocimiento y experiencia laboral absolutamente obsoleto y despreciable.
Por ejemplo, la obsolescencia de los trenes estatales era evidente y deberían haber quebrado, salvándose porque ellos modificaron el entorno dibujando a las ciudades a su antojo [algo similar a que mientras hayan iglesias, van a seguir habiendo curas], entonces se hace más patente que un monopolio los salvaría de dejar de existir y sernos de utilidad cuando una crisis petrolera u otra sobre la fabricación de neumáticos pusiera a los camiones fuera de competencia, incluso, el tiempo que los trenes ineficientes hubiesen pasado en "terapia intensiva" a la sombra de los camiones, pudo capitalizarse en realizar primero la conversión al hidrógeno antes de que llegue a los automotores [el peso de los nuevos equipos corre a favor de las locomotoras].
El ciclo de destrucción creativa no se evita cancelando la creatividad [y eso pasa inevitablemente con las ganancias aseguradas] sino aumentándola por sobre lo que se destruye.
Si el Estado se resiste a dejar de ser empresario ferroviario, su objetivo debe ser exportar locomotoras a hidrógeno o conversores para locomotoras diesel, y "exprimir" mejor las vías [¿ qué tal alquilar su uso para autobuses adaptados con un doble juego de ruedas: las clásicas neumáticas, más otras simil tren ?], en vez de limitarse a prorratear sus déficits crónicos entre todos sus ciudadanos.
Como indicador para el Estado las empresas serían de dos tipos: las que modifican su entorno como los trenes, puertos, y los diques y, segundo, las que no lo hacen como las de aviación, correos, etc. donde obviamente el Estado sólo debería entrometerse en el papel de empresario cuando la modificación del medio ambiente le garantiza que mientras esa modificación no sea barrida de la superficie por un terremoto, esa empresa tendrá altas chances de sobrevida a los ciclos económicos negativos, recesiones, más la lógica obsolescencia, con más opciones que el resto de la actividad comercial.

Claudio Corniola