Se están cumpliendo 10 años del "caso Blumberg".

El Código Penal está obsoleto, tiene casi 100 años y requiere ser revisado.

Tenemos una población carcelaria de 60.000 delincuentes, hay otros 55.000 prófugos, con este consabido agravante: hoy es una política de Estado desde el Ministerio del Interior durante la gestión de Aníbal Fernádez, el alentar a la policía para que incomode hasta hacer desistir a las víctimas de presentar la correspondiente denuncia, porque con eso bajan las estadísticas de delitos que, obviamente, han dejado de ser confiables.

De hecho, la mayoría de los delitos no se denuncian, sirve como insólito ejemplo el del lisiado recientemente "defenestrado" y arrojado desde lo alto de un puente cuando intentaba llevar a su mujer embarazada a un hospital.

Se da la conjunción de tres situaciones poco favorables para quienes pretenden "mano dura" contra el delito o "punitivistas": una tendencia judicial al perdón sistemático, una policía ineficiente, y políticos que miran para otro lado porque creen que su mayor caudal electoral está en la población que tiene a alguien cercano encarcelado.

El mayor defensor del garantismo en derecho penal está en su pico máximo de poder, y es la persona más influyente entre los redactores de apenas un borrador para el proyecto de un nuevo Código Penal, y es al mismo tiempo un aliado de un gobierno en retirada muy vinculado al delito, que incluso ha sacado a gente de las cárceles para llevarlos a sus actos políticos.

El borrador no se conoce sino por los antecedentes de Zaffaroni, y por versiones parciales de jueces consultados para temas puntuales [me refiero a los antecedentes "académicos" y no a que haya zafado de ir preso por regentear una red de prostíbulos establecida en departamentos de su propiedad administrados por otra persona].

El problema es que al agregarse nuevos delitos y tener que escalarlos por su gravedad, algunos pocos serían penados más levemente, y bastantes más serán castigados más severamente, pero, como la ley permite optar por la ley con el castigo más leve, a nadie se le incrementará el tiempo encarcelado, mientras que algunos podrán pedir la revisión de su condena y salir antes, más una "bomba de tiempo" pues el 30% de los condenados están sin sentencia firme.

La realidad demuestra cierto temor de los jueces por castigar con todo el peso de la ley, en parte por tradición judicial argentina, más la falta de convicción en el sistema punitivo que, realmente corrige a muy pocos delincuentes, les permite hacer un "master" en delito mientras están convictos, y donde la amenaza de prisión no ha demostrado ser persuasiva para evitar el aumento de la criminalidad.

Y mientras se argumenta a favor de reducir penas, estamos en medio de una creciente ola de violencia, de la mudanza de narcotraficantes hacia nuestro país, y un paro de policías en Córdoba nos demuestra que tan alto es el porcenaje de gente para la que todo vale y no tiene el menor freno moral a la hora de decidir entre comportarse como aves de rapiña, en vez de hacerlo civilizadamente.

Un músico relativamente famoso le prende fuego a su esposa, es correctamente condenado, y el resultado es tener media docena de imitadores asesinando a sus mujeres de la misma horrorosa forma.

Un inciendiaro cumple su condena y lo primero que hace al recuperar la libertad es ir a prenderle fuego a la casa del único sobreviviente del ataque que lo llevó a la cárcel.

Una mujer mediante su "aveniencia" pone en libertad a su marido golpeador, después de eso, no pasa una semana libre y la bestia asesina a su esposa.

No hace falta extender más la terrorífica lista. Doce años de un gobierno que se jacta de ser el abanderado de la inclusión social, tiene a las peores estadísticas criminales, incluso pese a que manipula las estadísticas, y a eso le suma el tener las mejores estadísticas referidas a fugas existosas de sus penitenciarías.

Finalmente, una facción peronista pero opositora al gobierno pone exageradamente "el grito en el cielo", y ahora el gobierno está en la difícil situación de tener que tragarse un derrota "comunicacional", o cajonear el proyecto hasta que aclare, metiéndose el trabajo de dos años de elaboración del nuevo código en el culo, o seguir para adelante y perder peor en la cámara de diputados.

Mi conclusión es que están equivocándose feo con la causal del delito, pues a mi entender no pasa por la inclusión/exclusión [y en general estoy harto de los que se aferran a la primera idea que se les cruza por la cabeza] porque eso sería aceptar que hay una sóla causa, algo que sólo pueden justificarlo quienes tienen una sola idea. La primera causa es no tener el freno moral para delinquir que se adquiere con una buena educación: una mala educación que no inculca valores, debe ser revisada y cambiar al sistema educativo para estirarlo un poco más allá de las tablas y los acentos, e inculcar una educación cristiana, sin llegar a ser necesario que todos los niños se pongan a peregrinar hasta Luján. Podemos hacerlo, será a la larga más económico, y tener un Papa argentino nos va a ayudar.

Mientras tanto, no creo que exista otra salida para no desmoralizar al grueso de la población que no delinque, que no sea otra que la del agravamiento de las penas, aunque eso no funcione para "convertir" a los delincuentes en buenas personas. Ellos están en guerra no declarada contra nosotros, y un ejército con la moral baja [lo que es sinónimo de perder la fe en la victoria final] pierde la guerra.